La trampa de la neutralidad tecnológica - Razonables Razones 1

Se que va contra el estilo de la blogosfera, introducir post muy extensos, pero a través de esta serie de reflexiones que voy introducir en los próximos días, quiero dejar constancia en estas notas de nuestras razones. No con el ánimo de impartir doctrina, sino para que se conozcan y se respeten, de la misma manera que nosotros respetamos las opciones de los demás. A pesar de la evidencia pública de prácticas que son claramente delictivas, hay quienes no tienen otra cosa mejor que hacer que atacar una opción, cuyo único pecado ha sido acertar. Por eso quiero exponer nuestras razones, para que se sepan. Encontrarás argumentos que no son originalmente nuestros, pero lo importante es que son argumentos que hacemos nuestros.

La trampa de la neutralidad tecnológica

El desarrollo de la Sociedad de la Información supone globalizar la incorporación de las TIC, su uso y explotación intensivos en todos los sectores con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un proyecto global como el de Extremadura, con una fuerte estrategia de incoporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los sectores de la sociedad, se enfrenta a dos riesgos clave en este caso: la sostenibilidad y la dependencia tecnológica.

La elección de la tecnología adecuada y la definición de una política tecnológica sostenible se convierte en este caso en un factor crítico para el éxito o el fracaso de todo el proyecto.

En cuanto a la SOSTENIBILIDAD, puede ser estimada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico, ambos igualmente importantes y directamente relacionados con la dependencia.

A la hora de valorar los proyectos que dependen fuertemente de las tecnologías es necesario tener en cuenta los costes económicos que estos suponen a lo largo de todo su ciclo de vida, tanto la compra de licencias, requerimientos de hardware, mantenimientos y actualizaciones, formación del personal, etc. En el caso de las tecnologías “propietarias”, cuya propiedad es exclusiva de un determinado proveedor los costes vendrán determinados por el propio proveedor, quedando el consumidor en una situación cautiva respecto a las tecnologías implantadas. Si se trata de implantaciones masivas de tecnología “propietaria”, los costes de compra y mantenimiento, controlados exclusivamente por el mercado, no serán sostenibles económicamente en el tiempo, sobre todo en organizaciones como la Administración Pública donde las prioridades son muchas en cuanto a inversiones.

Desde el punto de vista de la tecnología, los sistemas privativos fomentan la creación de organizaciones cautivas, que no están en disposición de asegurar la sostenibilidad técnica del sistema porque no tienen ningún control sobre el mismo. Cuando se realizan grandes implantaciones de tecnologías de la información “propietarias”, y éstas evolucionan hacia el crecimiento, la organización necesita unos recursos económicos y humanos ingentes para asegurar el propio funcionamiento de esa tecnología bajo unos parámetros aceptables, convirtiendo el área TIC en una fuente de gasto permanente sin límite. Esto hace que sólo algunas grandes organizaciones puedan hacer frente a las inversiones que se requieren, pero las Administraciones Públicas tienen un compromiso ético con los ciudadanos que viene dado por el carácter público de sus presupuestos y que debe estar determinado por la sostenibilidad económica y funcional de sus inversiones, teniendo el deber de desechar aquellos gastos que no puedan ser mantenidos con garantías en el tiempo. Al mismo tiempo, la evolución en cuanto a calidad de la tecnología propietaria nunca queda garantizada, lo que puede determinar, en un momento dado, el fracaso de una determinada actuación de una Administración Pública.

La DEPENDENCIA TECNOLÓGICA es el mayor riesgo al que puede someterse cualquier organización actualmente, y se convierte en preocupante en el caso de la Administración Pública, que es donde se definen políticas tecnológicas para dar servicio a toda la sociedad.

La dependencia tecnológica se produce en el momento en que se despliega un conjunto de tecnología cuyo control no lo ejerce el usuario de la misma y, por tanto, no puede decidir sobre su funcionamiento ni sobre su evolución. El control lo ejerce el proveedor de la tecnología que, en casos determinados, es único en todo el mercado y ejerce una posición dominante o de monopolio, y convierte al usuario en cautivo de esa tecnología. Cuando una organización es dependiente tecnológicamente de un proveedor de tecnología, ya no tendrá capacidad de definir una política tecnológica propia, y estará a merced únicamente de las leyes del mercado y de la voluntad del proveedor, que será quien realmente defina una política tecnológica alineada con sus intereses.

La NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA por parte de la Administración es una de las trampas más comunes que tratan de tender las empresas de software privativo, en gran medida se trata de un término promovido por Microsoft y su entorno. La trampa reside en que son las propias empresas de software privativo las que pretenden definir el término de neutralidad, llevándolo a su terreno, con la intención de que la Administración se coloque una venda a la hora de seleccionar tecnologías para el desarrollo de sus procesos sin primar a priori a ninguna de ellas, es decir, negando a la Administración el derecho a definir sus políticas tecnológicas en función de sus necesidades. Es evidente que en las contrataciones de la Administración no se puede favorecer a una marca comercial sobre otra en igualdad de condiciones, sin embargo, la Administración sí tiene el derecho, y el deber, de exigir el cumplimiento de una serie de requisitos en sus contratos, y esos requisitos, cuando se habla de software, deben venir definidos por una política tecnológica que asegure en primer término la eficacia y la eficiencia de la acción de la Administración qué, en la Junta de Extremadura, están determinadas por la sostenibilidad y la independencia tecnológica que aporta el conjunto de tecnologías que le permitirán tener el control completo de los sistemas tecnológicos. Esto no significa apostar por una marca o tecnología concreta, sino que se trata de asegurar la satisfacción de las necesidades TIC de la Administración en función de sus intereses, sin quedar fuera a ninguna marca o tecnología concreta a priori, sino una vez evaluadas en función de las políticas tecnológicas de la Administración.